Tras el golpe, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. Se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Políticamente, el régimen se caracterizó por un modelo autoritario de gobierno, establecido sobre unos fuertes principios emanados de la extrema derecha, de los cuales los principales fueron un fuerte anticomunismo. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno.
Durante este período, Chile experimentó una importante transformación económica, política y social. En lo estrictamente económico significó un cambio radical de orientación del papel del Estado de un rol productor e interventor, a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado "apagón cultural", caracterizado por la represión y autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial.